El último programa de Memorias Insurgentes trató, inevitablemente, acerca del caso del ex ministro Arturo Murillo y su reciente arresto en los Estados Unidos, bajo cargos relacionados al lavado de dinero. Los expositores, Roy Estrada y Waldo Jiménez, describieron y explicaron detalladamente que las discrecionalidades de “El bolas” no eran de forma alguna una excepcionalidad dentro del gobierno de facto de Añez, sino la regla. La impulsividad con la que los pititas asaltaron el erario público resulta tanto más indignante como sorprendente cuando se toma en cuenta que uno de los principales discursos con los que justificaron el golpe de Estado contra Morales era la supuesta corrupción de su gobierno.

Y, sin embargo, a sabiendas de que el tiempo era poco y la necesidad de enriquecimiento rápido era apremiante, robaron más de lo que se hubiera podido esperar en apenas unos meses después de tomado el poder, lo que nos obliga a reflexionar acerca cómo es que sucedió todo esto.

Iré por la explicación más sencilla, incluso algo simplista: ¿Qué más se podía esperar de un gobierno que surgió de un Estado de Excepción? Estado de Excepción es, fundamentalmente, una suspensión del Estado de Derecho, junto con todas las garantías constitucionales que lo acompañan. Es un Estado sin Ley, en otras palabras, en cuya duración, naturalmente, aquellos que detentan el poder pueden hacer literalmente lo que quieran. Ninguna restricción que normalmente los detendría tiene ya eficacia alguna. No se podía esperar otra cosa de un golpe de Estado más que el reino del desenfreno y la corrupción más descarada.

“Bueno Carlos, deja las reflexiones abstractas para otro espacio”, me dirán algunos, y tienen razón, así que pasaré directamente a la lógica deducción que implica nuestra consideración acerca de la excepcionalidad del gobierno de Añez: Todos sus miembros, y no exagero en mi totalización, son potencialmente sospechosos de actos criminales. Tal como me leen. Desde los directores de las diferentes reparticiones estatales hasta los jefes de cartera, son y deben ser sospechosos de haber cometido irregularidades administrativas e incluso de haber desviado fondos. ¿Por qué? Porque en esos días la ley quedó literalmente neutralizada por las bandas de paramilitares y mercenarios que invadieron Bolivia.

Pensémoslo. Para que un golpe de Estado sea exitoso debe haber una estructura de financiamiento, ¿no es cierto? Bueno, aquellos que se tomaron la molestia de abonar algunos pesos para el derrocamiento de Morales seguramente tratarán de recuperar su inversión. Es un negocio, además de una aventura, todo golpe. Y para ello, no pueden sopesar acerca de la legalidad de sus acciones, por lo que el papá de Camacho y todos los empresarios que se beneficiaron aquellos días bien podrían haber sido parte del financiamiento sedicioso.

¿Quién más? Los cabecillas y “emprendedores” que invirtieron en el alzamiento no hicieron el trabajo ellos mismos, sino que contrataron a cuanto pandillero y mafioso se les cruzó en el camino. Yassir Molina, el aspirante a gánster de poca monta ahora preso junto con el abogangster admirador de El Padrino es uno de esos músculos contratados. Como él, cientos de miembros del lumpen urbano se sumaron alegremente al saqueo del país y el terrorismo contra indígenas y campesinos. ¡No lo hicieron gratis¡ ¡Investigación a su patrimonio, si es que no se lo gastaron en drogas y alcohol, como suele hacer todo antisocial, es el siguiente paso¡

¿Y los funcionarios y busca pegas de última hora? Bueno, oportunistas y camaleones nunca faltan, y bien se puede ignorar su interesado y calculador comportamiento. No obstante, su compromiso ciudadano debe ser puesto en duda, así como su lealtad al servicio público. No es necesario ir tras ellos, pero sí dejar en claro que asociarse con el crimen organizado es algo que no se olvida.

Señores, si no castigamos a los autores y ejecutores del golpe de Estado, la impunidad los motivará a tratar de nuevo. No son personas éticas, pero si racionales, calculadoramente racionales, así que debemos hacerles saber que en Bolivia el crimen no paga. ¡No es venganza, es justicia, y sin ella, no hay comunidad posible! Vayamos por ellos.

Carlos Moldiz. Colectivo Revolucionario Plrunacional