El gobierno transitorio el pasado 7 de mayo de 2020 ha aprobado el Decreto Supremo Nro. 4232 mediante el cual “autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa”.

El propósito de dicho decreto es manifiesto, si bien busca abreviar procedimientos de evaluación, en realidad es una autorización directa para el uso de semillas transgénicas en los productos señalados.

Esta nefasta decisión como ya lo han advertido decenas de organizaciones defensoras del medio ambiente y de derechos humanos tendrá múltiples impactos negativos que se describen a continuación:

VULNERCIÓN DE LA CPE Y DE VARIAS LEYES. El Decreto vulnera la CPE que establece como principio rector del Estado la seguridad y soberanía alimentaria para toda la población, prohibiendo, en consecuencia, la “importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente” (art. 255 II.8). Asimismo, es contrario a varias leyes en la materia, como la Ley de la Madre Tierra, la Ley de la Revolución Productiva Agropecuaria Comunitaria, la Ley de Fomento a la Agricultura Ecológica, entre otras. Además de ello, Bolivia es parte del “Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica” que determina la evaluación adecuada del impacto ambiental e inocuidad y bioseguridad en estos casos, lo cual, sin duda, no puede realizarse de manera abreviada como dispone el decreto.

AFECTACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS. Existen abundantes evidencias de los riesgos y daños causado por estos productos en la salud y en la vida de las personas. Se han comprobado casos en los que se afecta el sistema nervioso, en los que se han generado malformaciones, varios tipos de cáncer, autismo, llegando incluso a la muerte. En particular, nos referimos al glifosato, la soya HB4 o la soya intacta.

PRIVILEGIA UN MODELO ECONÓMICO POR ENCIMA DE LA SALUD Y LA VIDA. El Decreto obedece a un modelo económico que privilegia los negocios por encima de la salud y la vida, particularmente los agronegocios, que no ha sido consensuado con nuestros productores y hermanas y hermanos del campo, ni se ha discutido el impacto que tendrá, como el daño a la biodiversidad y al patrimonio genético del país. Este modelo favorece a las transnacionales y a algunos empresarios ligados a ellas, cuando la pandemia llama al favorecimiento de la producción familiar, indígena originario campesina o la agroecología que favorezcan una alimentación sana.

PONE EN RIESGO LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LAS SEMILLAS NATIVAS. La dependencia de este tipo de productos pone en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria, cuyos únicos beneficiados finalmente serán los capitales privados nacionales y transnacionales. La utilización de estos transgénicos modificados pone en serio riesgo la diversidad genética de nuestras semillas nativas, nuestras semillas de vida. Bolivia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo.

DAÑO AL MEDIO AMBIENTE. Se han constatado los efectos nocivos que causan al medio ambiente, tanto por tierra como por agua, afectando a los bosque y a los animales silvestres.

NO MEJORA LA PRODUCCIÓN NI LA ALIMENTACIÓN. Como se ha constatado en otros países, su uso no ha mejorado ni la producción ni la alimentación, favoreciendo sólo las ganancias de los que más tienen y no del pueblo que lo necesita. Modificará nuestra alimentación y nos impondrá alimentos ajenos a nuestra cultura y tradiciones.

CAUSANTE DE SEQUÍAS Y PANDEMIAS. Varios estudios serios sobre el tema han evidenciado que los transgénicos al modificar los distintos usos ecológicos y destruir otras especies, han sido causantes de sequías, epidemias e incendios. Este hecho es más grave como consecuencia de la pandemia del coronavirus Covid-19 que hoy padecemos.

NO SE HA CONSENSUADO CON LOS SECTORES. La norma no ha sido discutida ni consensuada con los sectores que se verán afectados, se ha hecho caso omiso a la CPE y a los instrumentos internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas como la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, del Convenio 169 de la OIT, entre otros, que obligan al Estado a realizar consultas con dichas poblaciones cuando se toman decisiones como ésta, que afectarán su desarrollo.

Por estas razones, denunciamos ante el pueblo de Bolivia y a la comunidad internacional, al gobierno transitorio por el uso abusivo de la pandemia con fines políticos y de favorecimiento a un grupo de personas y no de las bolivianas y bolivianos, en especial de los sectores más vulnerables sobre los cuales tendrá impacto el decreto con el falso discurso de que se mejorará la alimentación.

Cuestionamos además el momento, en plena emergencia sanitaria por la pandemia, y la forma intempestiva en la que el gobierno de facto ha emitido el referido decreto. Un gobierno que carece de toda legitimidad para tomar este tipo de decisiones trascendentales, y cuyo único objetivo debió ser el llamado a elecciones nacionales.

Frente a estos evidentes hechos, la Bancada Nacional del MAS, por el bien de la salud y la vida del pueblo boliviano, anuncia que presentará un Proyecto de Ley que deje sin efecto la vigencia del mencionado Decreto Supremo Nro. 4232.