Sobre el Decreto de Amnistía:

Los medios de comunicación fueron y son uno de los pilares del golpe de Estado de noviembre de 2019, principalmente “Página Siete”, que actualmente continúa su labor de defender al golpismo con un relato periodístico alejado de la realidad de los acontecimientos. Su labor tuvo mucho que ver con la creación de condiciones subjetivas para el golpe.

La violencia que se vivió después de la elecciones del 2019 protagonizados por hordas fascistas mimetizadas en manifestaciones públicas, como de la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Cochala, que además desplazaron paramilitares por todo el país, se muestra como “defensa de la democracia”, por eso hechos vandálicos como la quema de los Tribunales Departamentales Electorales en Santa Cruz, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, de domicilios particulares y el secuestro y amenaza de muerte sobre familiares de funcionarios de gobierno para obligarlos a renunciar, jamás se encuentran en sus crónicas. Pero no olvidan mencionar los hechos de Montero o las quemas de los Pumakatari o del domicilio de Albarracin, que según alguna hipótesis habría sido parte de la estrategia conspirativa para justificar el golpe de Estado, que de ser así repite acciones similares de los golpes de Estado de agosto de 1971 o julio de 1980, donde se registraron autoatentados.

“Página Siete”, como parte del Cartel de la Mentira, despliega un aspecto esencial de la guerra convencional o del golpe blando, “lavar la mente y los corazones” de las personas repitiendo una mentira decenas, centenas y miles de veces, como aquella mentira del “fraude” divulgada desde febrero de 2019 hasta ahora, hasta convertir una mentira en media verdad, que en este caso se convirtió en una “verdad” con ayuda de la OEA y su oscuro informe de las elecciones de octubre de 2019.

Hoy, quiere encerrar la mente de las personas en la falsedad de que el Decreto de Amnistía está perdonando delitos de los masistas, como el “bloqueo de oxígeno” en agosto de 2020, que a fuerza de tergiversar, magnificar y mentir pretende denigrar una movilización de masas que derrotó al golpismo de Añez e hizo posible las elecciones de 18 de octubre de 2020. Un hecho que duele a la derecha y a sus voceros, como “Página Siete” (P7).

Los informes de diversos organismos internacionales y de la Defensoría del Pueblo, claramente hablan que durante los acontecimientos de noviembre de 2019, lo que hubo fueron masacres en Sacaba y Senkata y una feroz persecución política. Aunque P7 tiene una cercanía ideológica con la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), ignora de manera premeditada, por ejemplo, su Informe Anual del año 2020, donde demuestran que el gobierno cleptómano de Añez y su pandilla han cometido una serie de violaciones a los derechos humanos y que, en el caso de Senkata y Sacaba, ha existido masacres contra la población indefensa.

El informe deshecha la versión descabellada del entonces ministro Murillo, que atribuía los muertos a una matanza entre los propios manifestantes. HRW califica, como no podía ser de otra manera, como masacres los hechos de Sacaba y Senkata de noviembre de 2019, donde perdieron la vida más de 35 compatriotas por la actuación de fuerzas combinadas de las FF.AA. y la Policía, aunque el informe de HRW no menciona, debemos decir, además por la acción de grupos irregulares protegidos por la propia policía, quienes provocaron las acciones más violentas contra los compañeros movilizados contra el golpe de Estado; hechos que fueron ignorados y ocultados por los medios de comunicación corporativos, entre ellos P7.

Algo importante que subraya el informe es que: “las masacres se produjeron luego de un decreto (DS 4078) emitido por la presidenta interina Añez el 15 de noviembre de 2019, que otorgaba al ejército facultades excesivamente amplias para el empleo de la fuerza contra los manifestantes. Con esto se envió el peligroso mensaje de que los soldados no tendrían que rendir cuentas por los abusos que cometieren”. En realidad fue un decreto supremo que daba licencia para matar, por lo visto en P7, también para mentir.

Ya nadie, en su sano juicio, puede negar que las víctimas de noviembre de 2019, fueron asesinadas por impactos de bala que provenían de armamento militar o policial. Es bueno afirmar, que nadie busca venganza, lo que se busca es justicia, que sólo se logrará cuando se haga realidad un juicio de responsabilidades contra Añez y sus secuaces; que no sólo es responsabilidad del MAS, sino también de Carlos Mesa y su brigada parlamentaria, que se autoproclaman defensores de la democracia. Obviamente P7 no será parte de esta demanda de justicia.

P7, en uno de sus titulares amarillistas, para referirse al Decreto de Amnistía señala: “MAS busca borrar mil expedientes y oposición teme impunidad de 6 casos” (12/02/2020). En realidad se trata de 1.500 personas que fueron injustamente perseguidas y encarceladas. El informe al que hacemos referencia, señala que “los fiscales iniciaron investigaciones penales, muchas de las cuales parecían responder a motivaciones políticas, contra más de 150 personas vinculadas con el gobierno de Morales por sedición, terrorismo o pertenencia a una organización delictiva”, pero además HRW “documentó casos de cargos infundados además de violaciones a la libertad de expresión y del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva”. Es de presumir que P7 no ignora este informe.

El Decreto de Amnistía, que no hace referencia a un lapso de tiempo, entre el 21 de octubre de 2019 y 17 de octubre de 2020 como sostiene equivocadamente P7, pretende acabar con el uso indebido de instrumentos legales para fines de persecución, destrucción de la imagen pública e inhabilitación de adversarios políticos. Una combinación de acciones aparentemente legales que con amplia cobertura de prensa hicieron que los acusados sean más vulnerables a acusaciones sin pruebas.

El Ministro Arturo Murillo, fue el encargado de bombardear acusaciones falsas sin ninguna prueba para luego presionar a fiscales y jueces para encarcelar a los supuestos acusados y recién fabricar pruebas, testigos, y armar los juicios para luego colgarles una sentencia. Es la aplicación del “lawfare” a la manera criolla, de la manera más descarada, burda y fascista. Todo esto con ayuda de la prensa. En todo este tiempo, decenas de bolivianas y bolivianos fueron sometidos a detenciones y juicios indebidos, incluso sólo por haber hecho conocer sus opiniones por las redes sociales. Otros, por su situación de indebido encierro, no tuvieron oportunidad de recibir auxilio médico oportuno porque debían realizar trámites morosos de permiso ante los jueces, ese es el caso del c. Willy Flores, Director del teatro ALBOR, que murió víctima de este sistema de terror del cual fue parte P7.

El Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía, sólo está reparando parcialmente las injusticias que sufrieron de un sistema de terror estatal, reiteramos, del que fue parte “Página Siete”.

Héctor Hinojosa