La presente gestión se inicia con bastante optimismo. Al disponer de recursos financieros para la inversión pública, el Presupuesto General del Estado interpreta una política sobre el desarrollo económico del país: la política de sustitución de importaciones y la industrialización de los recursos naturales. El proceso para la elaboración de este instrumento fue bastante largo y minucioso: determinación del ente ejecutor, aprobación del proyecto de factibilidad y el asegurar la fuente de financiamiento. En el marco de la política estatal se convierte en ley y de cumplimiento obligatorio.

Para prever su comportamiento, nos referimos a los resultados de la gestión pasada en lo que es pertinente para esta columna. En el caso de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la ejecución fue de apenas un 40%. Cuando uno se pregunta las razones de esta baja realización, surge la explicación que es por la búsqueda de una nueva tecnología: más eficiente y rápida. Esta no es razón suficiente para desmarcarse de la Ley del Presupuesto, porque el viejo proyecto surgía de un proceso establecido hace cinco años y se encontraba en plena ejecución. Es como cambiar de jinete en plena carrera; las consecuencias se ven a primera vista. Hoy la comercialización del carbonato de litio sólo es de la producción de la planta piloto, construida hace 10 años, la que logra resultados económicos que ponderan las autoridades. ¿Cuánto podría redituar este proyecto en su fase industrial? La demora en su ejecución es un daño al Estado y una pérdida de oportunidad para incidir en el mercado internacional. No es que estemos en contra de la innovación tecnológica y posibles mejores alternativas, pero esta no puede parar procesos en marcha. El ingresar a una institución significa identificarse con sus principios y las obras que viene realizando.

En el caso de la minería, el año pasado la ejecución presupuestaria no pasó del 30%; cuando preguntamos quién no cumplió, se elude la respuesta. El problema es estructural en minería. La única que puede hacer inversiones productivas en el sector desde el Estado es la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), como casa matriz, sin embargo su estructura, a pesar de la Ley de Minería, no ha cambiado. Por eso delega la ejecución de los proyectos a sus empresas filiales, las que están diseñadas para la producción y no para la preparación y el seguimiento de proyectos. Por no tener personal calificado tienen que recurrir a consultoras para diseñar el proyecto, igualmente para la supervisión, con resultados frustrantes. Los ejemplos abundan: la construcción del horno Ausmelt en Vinto se prolongó por seis años, de dos iniciales y su costo se duplicó. En Huanuni, la construcción del Ingenio Lucianita y las obras complementarias demoraron seis años y hasta hoy no se hace la entrega definitiva. Son hechos que obligan a rectificar errores, a buscar soluciones en el marco de la construcción del Estado Plurinacional.

La coyuntura que vivimos, con el alza de los precios de los minerales, es extremadamente importante y debe aprovecharse para potenciar el sector y dar un jalón en el proceso de industrialización del país; para lo cual se debe concluir los proyectos en marcha, sin retoques de última hora, rompiendo los intereses corporativos. El año 2021 Huanuni ganó, para pesar de ciertos analistas, 104 millones de dólares: ¿Cuánto habría ganado si se ponía en marcha el ingenio de 3.000 toneladas? Simplemente se habría duplicado esa ganancia.

Los proyectos tienen que ser de ejecución inmediata, se debe dejar los proyectos de larga maduración. Así duerme en las gavetas de Comibol el proyecto “Metalox” que puede ejecutarse en menos de dos años y tiene la capacidad de recuperar siete metales de los concentrados de zinc; por los que actualmente Colquiri recibe un tercio del valor del zinc y de los otros, nada; su costo no pasa de 50 millones de dólares.

El presupuesto de la presente gestión consigna 700 millones de dólares para minería. Lo que no mencionan es quién lo ejecutará, ni cuáles son los proyectos, más allá de la mención genérica de dos plantas de fundición de zinc. El desarrollo requiere la acción concertada del gobierno en varios ministerios, pero ante todo de empresas estructuradas para ejecutar los proyectos consignados en el presupuesto y ejecutivos comprometidos con el desarrollo del país. Urge la reestructuración de la Comibol, para cumplir con “la dirección y administración superiores de la industria minera … a cargo de una entidad autárquica con las atribuciones que determine la ley.” (Art. 372, CPEP)

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.