COLECTIVO REVOLUCIONARIO PLURINACIONAL

Bolivia no es un país industrializado y por tanto, el Estado no ha podido garantizar el pleno empleo teniendo como consecuencia que importantes porcentajes de la población deban buscar sus propias estrategias ocupacionales con el propósito de un sustento que garantice a su núcleo familiar el acceso a la vivienda, la educación, la salud y los servicios, aun estos sean en situaciones precarias.

De estos rubros, los alquileres de la vivienda, el taller o de la tienda o la oficina o el espacio de comercialización, constituyen el rubro de mayor impacto sobre la economía de los auto-empleados.

La pandemia del Covid-19 nos ha colocado en una situación de guerra y la emergencia nacional obliga al Estado a tomar decisiones extraordinarias en todos los ámbitos, especialmente el económico.

Y en este contexto, instamos al gobierno central, los gobiernos departamentales y los gobiernos locales a que articulen políticas no solamente sanitarias sino también económicas y productivas que aminoren el impacto social de la crisis provocada por la pandemia que nos golpea.

Para el efecto solicitamos enfáticamente a las autoridades de los tres niveles de gobierno desplieguen acciones de orden ejecutivo y legislativo que permitan que:

POR UN LAPSO DE SEIS MESES NO SE COBREN ALQUILERES DE VIVIENDAS, TALLERES Y/O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

amortiguando de una manera efectiva, el impacto económico sobre los trabajadores sin vivienda y auto-empleados que pagan un alquiler para satisfacer sus necesidades básicas.

Sin embargo, esta medida en favor de los sin techo y sin empleo formal, que sin duda afecta a los propietarios también debe ir acompañada de una medida paliativa que favorezca a ellos. Y esta medida debería ser la condonación de un año de los impuestos de bienes raíces donde se produzca este beneficio para la población, jugando un rol fundamental los gobiernos municipales para el efecto.

Hoy la vida de las y los ciudadanos es más importante que las futuras inversiones en infraestructura y servicios, debiendo ser también consientes la ciudadanía de esta decisión que afectará el futuro desarrollo urbano.

La vida hoy es el bien común e individual que debemos preservar como el más importante derecho fundamental en esta condición de guerra contra el Covid-19.