LOS COMUNARIOS ORIGINARIOS CAMPESINOS TAMBIÉN EXISTEN

CH – INSURGENTE

Página Siete publica la noticia de la Asociación de Antropología de La Paz respecto de un manual de acciones sociales y culturales para encarar el Covid-19 en el área rural. No se puede poner en duda la preocupación de dichos profesionales, aunque vale recordar que nuestros pueblos originarios pertenecen a culturas vivas y que se desarrollan cada día, desechamos por eso la intención de revivir ese viejo colonialismo que considera a los indios como menores de edad o desvalidos intelectuales. Sin embargo, como muchos sectores que están preocupados por la gestión de la crisis, los antropólogos han puesto en evidencia los siguientes aspectos:

• Después de varias semanas de “cuarentena” es evidente que existe un vacío en las medidas del gobierno para el área rural. Las normas y protocolos aprobados tienen una mirada estrictamente urbana.  Las medidas que se puedan elaborar y aplicar al sector son totalmente extemporáneas porque las comunidades y pueblos ya se han dado su propia organización en base a sus autoridades originarias, sindicales y alcaldías, no sólo para encarar la emergencia sanitaria, sino también para garantizar los procesos productivos para proveer alimentos a las ciudades.
• La eliminación de la democracia comunitaria y directa en el imaginario del gobierno de facto, porque sus medidas son completamente verticales y autoritarias, por ello carecen de credibilidad en el pueblo. No ha existido, ni creo que lo haya, la coordinación necesaria y urgente con las autoridades originarias y las organizaciones propias de los indígenas campesinos. La presencia militar en el área rural ha sido represiva y perjudicial para las actividades productivas (como lo denunciamos ya por este medio).
• Los profesionales muestran preocupación porque no existen medidas específicas para proteger a las poblaciones rurales del Covid–19. La presencia de Rafael Quispe, con autorización de la candidata-presidenta, en el sector rural, está marcado con el sello de campaña electoral, ofreciendo prebendas e inciertos proyectos en las comunidades; no es la preocupación por la crisis del coronavirus. Por ello, Quispe, un delincuente (en palabras del Ministro de Gobierno) que sigue siendo Autoridad, es el ejemplo de todos los que quieran romper la cuarentena con cualquier pretexto y la descarada subordinación de la justicia al  gobierno.
• En una parte del documento, tímidamente recomiendan que se debe evitar los mensajes racistas, lo que no dicen que esos mensajes cargado de odio racista y discriminatorio provienen de las Autoridades del Gobierno (Iván Arias, es otro ejemplar en ese sentido), de los grupos y plataformas de la derecha denominadas pititas y de sectores sociales y comunicacionales vinculados a este esquema de poder. El Ciberpatrullaje sólo sirve para poner en la cárcel a los opositores políticos, hasta ahora –dice el Sr. Murillo- son 67 actores o presos políticos en lo que va de la cuarentena. En cuestiones de racismo, este gobierno aplica la máxima jurídica de la época colonial “se acata, pero no se cumple”, igual valor tienen sus normativas.

La realidad concreta es que desde el punto de vista organizacional el sector rural tiene sus propias formas, que hoy están funcionando bajo la vigilancia de las autoridades originarias y con el personal de salud, que de paso debemos decir existen en los 400 municipios. ¿Qué es lo que está faltando y demandan los pobladores del área rural?

1. Necesitan  permisos de circulación para que los productores puedan  comercializar sus productos, pero también medidas de bioseguridad porque en el campo no alcanzan encontrar los implementos.
2. Necesitan el abastecimiento de sus comunidades con otros bienes que no producen con precios justos y no especulativos, dotación de medicamentos y bioseguridad para sus familias.
3. Necesitan adecuadas condiciones para la producción agrícola como la dotación de semillas, insumos y otros implementos para asegurar la provisión de alimentos a las ciudades. Que se les permita trabajar en ello en coordinación con las diversas instancias.
4. Que las poblaciones rurales también se beneficien de las donaciones que vienen de la comunidad internacional en coordinación con los municipios y sus organizaciones originarias y sindicales.
5. Que el pago de los bonos, renta dignidad sea realizada por brigadas móviles ya sea de las instituciones financieras o con los militares recogiendo la experiencia del pago del bono Juancito Pinto.
6. Facilitar créditos blandos y con interés cero para los agricultores.
7. Y, allí donde se pueda acceso gratuito a Internet para que la población se pueda comunicar y los estudiantes proseguir su formación.

Todas estas medidas son posibles de realizar a partir del principio de que se debe gobernar para todos los bolivianos, obviamente en el marco del respeto a sus autoridades originarias, autoridades electas y sindicales. Los pobladores del campo tienen derechos plenamente reconocidos por la Constitución Política del Estado, los cuales no deben ser manipulados con fines electorales ni ser objeto de represión y discriminación.