EL RETORNO DEL NEOLIBERALISMO Y DEL FMI BAJO EL MANTO DEL COVID19

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COLECTIVO REVOLUCIONARIO PLURINACIONAL

a) Las políticas neoliberales del gobierno de facto generaron  crisis antes de que llegue la  pandemia.

La oligarquía boliviana, en estos 6 meses de gobierno ha confirmado que no tiene un proyecto de país, por ello, siguiendo la tradición y la mentalidad colonial de  más de 190 años, han  asumido lo que el imperialismo manda, restaurar un neoliberalismo reciclado, zombie en el criterio de otros. Los golpistas, se dieron como tarea prioritaria, no la realización de las elecciones, sino desmontar y destruir los avances logrados en materia económica, por eso adoptaron medidas de carácter estructural para el retorno del neoliberalismo. El Ministro Rojo de Desarrollo Productivo confesó este propósito  en declaraciones a la prensa, dijo que  las empresas que, en la actualidad son administradas por el Estado, y que muestran ineficiencia, deben ser capitalizadas y su administración tiene que pasar a manos privadas” para luego completar  «Yo soy liberal, en términos de concebir la economía creo que el Gobierno debe reducirse bastante, y darle más papel protagónico a la empresa privada«.  (ABI. 11 de diciembre de 2019. 19:28 h. Publicado en el diario Opinión) 

 Sus primeras medidas tuvieron ese carácter neoliberal: La liberalización del mercado y la apertura de fronteras con la libre exportación –  importación, favoreciendo principalmente a los soyeros y perjudicando a los agricultores principalmente de los valles y del altiplano y la industria nacional. La paralización del aparato productivo preparando el cierre y  la quiebra de las empresas estatales, es épica la declaración de aquel presidente de YPFB que después de pocos días de haber asumido el cargo declaro en quiebra YPFB y su propósito de refundarlo (Página Siete, lunes, 16 de diciembre de 2019 · 00:28), declaraciones similares hicieron los gerentes respecto de ENTEL, TELEFERICO, Planta de UREA, fábrica de cemento de Oruro; también se paralizó el proceso de industrialización del litio y del hierro. Fueron suspendidas centenares de obras de infraestructura, tanto las grandes como las pequeñas, como el tren eléctrico en Cochabamba, o la Planta de Investigación de Energía Nuclear en El Alto y los tres hospitales de medicina nuclear en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Siguiendo la línea de “achicar el Estado” se despidió a miles de funcionarios públicos, todos acusados de “masistas”, reduciendo además el gasto público por ineficiencia, causando la paralización de la gestión gubernamental, al extremo, que después de 14 años (como les gusta repetir) tuvieron que recurrir a un préstamo del BCB para pagar sueldos y aguinaldos en el mes de diciembre.(EL DEBER, diciembre de 2019)  

Entonces, la crisis del sector de la producción precedió a la pandemia del coronavirus, causando graves consecuencias negativas a la vida del país. Después de que 14 años el ritmo de crecimiento fue de 4,5 %, el año 2018 de 4,22% ,  el año 2019  apenas llegamos al 2,86%  (Datos INE). La paralización de parte del aparato productivo ha contraído también la demanda interna, en enero del presente año y carnavales los índices de consumo disminuyeron, según la Cámara hotelera de Oruro, el 50 % de la capacidad instalada no fue ocupada en las fiestas carnavaleras. El índice de desocupación creció, el ahorro interno disminuyó, la mora bancaria ascendió, así como los casos de corrupción. Los efectos de las políticas neoliberales combinadas con métodos represivos contra los actores sociales  y políticos comenzaron a minar la economía nacional con los signos de la incertidumbre y la inestabilidad.  

b) Frente a  la crisis económica: neoliberalismo reciclado o retomar políticas proteccionistas con participación fundamental del Estado.

Tanto los analistas de derecha como de izquierda, concuerdan que la grave crisis que ya vive el mundo se fue acumulando antes de la aparición del coronavirus, al mismo tiempo que causa estragos pone en cuestionamiento una forma producción y de civilización. En realidad el Covid19 es el detonante que hizo explotar una crisis que no tiene precedentes en los últimos 70 años. Cientos de millones de personas han quedado sin empleos y sin medios de vida, a quienes se sumarán más después de la pandemia. Las perspectivas económicas de los organismos especializados son pesimistas, la caída de la actividad económica es profunda y durará mucho tiempo. Los países exportadores de materias primas, como el nuestro reducirán sus ingresos drásticamente por el derrumbe de los precios y de la demanda, paralelamente aumentarán los montos de la deuda externa y las presiones para pagarla. Instituciones como el FMI y el BM, que no tienen respuestas a esta debacle, están aferradas a sus viejas recetas. El Salvador, ha recibido un  préstamo de 320 millones de dólares del FMI para atender la emergencia de la crisis provocada por el Covid19, que no concede préstamos sin condiciones, el gobierno de ese país  está obligado a poner en marcha medidas fiscales y financieras en el curso del año 2021. El gobierno de facto también recibió similar préstamo del FMI,  su compromiso es aplicar sus recetas, habiendo, de este modo, hipotecado también la soberanía nacional.

En nuestro caso la pandemia ha puesto al descubierto, de forma brutal, todos los elementos que ya estaban presentes en la crisis generada por el golpe de Estado y las medidas adoptadas, que paralizaron gran parte del aparato productivo. La combinación de crisis política más crisis sanitaria más crisis económica conduce a una situación catastrófica a la mayoría de la población, las perspectivas para salir de este embrollo no se avizoran, menos aún, con las recetas tradicionales de la economía neoliberal.

La declaratoria de la cuarentena, mostró descarnadamente las diferencias de clases y de cómo la mortalidad de esta pandemia afecta a la gente según sus ingresos y patrimonio, por tanto, según a la clase social a la que pertenecen. “No es lo mismo hacer cuarentena con bolsillos llenos, que con bolsillos vacíos”, de ese modo la gente que “vive al día” se puso en riesgo  y a su familia buscando los ingresos que le permitan la subsistencia. Los bonos, que vinieron a cuenta gotas, se convirtieron también en nuevos focos de riesgo para la gente pobre, que se aglomera día a día en los bancos bajo la mirada despectiva de las autoridades.

A este factor estructural, se suma la acción discriminatoria y racista del gobierno, mostrado como en vitrina en el caso de los varados en países vecinos, facilitaron el ingreso al país con vuelos solidarios para quienes “tienen plata”, y vino la represión física y psicológica para quienes llegan a píe a nuestras fronteras. Todo esto devela el carácter de clase de este gobierno, que representa a la oligarquía, como el pueblo dice es gobierno de “jailones” (ricos).

La pandemia tendrá efectos bastante negativos, pero no por sí misma, sino por el tipo de políticas que se emplean desde el gobierno: neoliberalismo combinado con autoritarismo, el resultado será más desigualdad y menos bienestar  para las mayorías, es el mecanismo tradicional para que los pobres paguen las facturas.  

El sector financiero es el privilegiado, con el tema de inyectar liquidez se ha canalizado una partida de 550 millones a la banca, que provienen del ahorro de los trabajadores y del ahorro nacional administrado por el BCB.  Está en carpeta otras medidas con financiamiento al sector empresarial por la emergencia, dizque  para salvar empresas. A las microempresas se les ha prometido créditos, pero los requisitos hacen que la mayoría no pueda acceder a ellos. Existe una ley de “perdonazo” para pago de impuestos, que atiende los requerimientos de los empresarios de eliminación de impuestos y desregulación del sistema financiero. Se habla también de un plan y pacto por el empleo.

Hasta ahora, el financiamiento para todo esto proviene en gran parte de fuentes nacionales: las reservas que están en el BCB, los ahorros de los trabajadores (AFPs), el ahorro de los subsidios por hidrocarburos, partidas del IDH, y fondos del TGN, etc. que aproximadamente suman cerca de 2.000 millones de dólares. Estamos gastando las joyas de la abuela, pero sin ninguna transperiencia. Sin embargo,  la prioridad del gasto no está dirigido precisamente a la atención de las emergencias; al principio de la pandemia, se prefirió comprar logística de seguridad a la policía y aumentar el salario a los mismos; ahora, como lo divulga la prensa, no existen compras estatales, ni siquiera de equipos de bio-seguridad. Por ello, es importante la exigencia de transparentar el uso de los recursos de todos los bolivianos, además de exigir una readecuación del presupuesto nacional, en el cual se debía transferir recursos del sector represivo al sector de salud.

Una de las fatales consecuencias para el pueblo es la pérdida de empleos,  que se agiganta cada vez más. La estabilidad laboral, que es herencia del anterior gobierno, corre el peligro de convertirse en papel mojado, puesto que una de las exigencias del sector empresarial es “flexibilizar las relaciones laborales” (retorno del 21060). El BID, dice que en Bolivia  está en riesgo 1 millón de empleos formales; representante del sector de comercio e industrias calculan el 30% de reducción de empleo (de 700.000 registrados en el Ministerio de Trabajo, eso supone 210,000 despidos); la cámara de la construcción ha denunciado que el gobierno no paga sus deudas y que existe paralización de proyectos, por ello, dicen que 470.000 empleos están en riesgo; las microempresas señalan que 100,000 unidades pueden cerrarse. Es decir, en poco tiempo de ser el país con el índice más bajo de desempleo en la región, se puede aparecer con un desempleo record.

La respuesta del gobierno a la crisis no sale de los moldes ya conocidos del neoliberalismo, antes que apostar al fortalecimiento de la producción, de la industrialización de nuestros recursos naturales y vigorizar la demanda interna, han optado por subordinarse a los organismos internacionales y recurrir a los prestamos condicionados y al auxilio de la comunidad internacional. Dos hechos confirman este propósito, el retorno al FMI que elimina la soberanía nacional en materia económica y la gestión del gobierno ante el Banco Mundial para descender en la clasificación como país de ingresos bajos supuestamente para acceder a créditos  “blandos, pero con condiciones duras. Bajo el pretexto de que “Bolivia es un país pobre” (Canciller Longaric) se está sacrificando la soberanía para habilitarnos como pedigüeños. En los próximos meses tendremos medidas de ajuste fiscal, seguramente con el pretexto de reducir el déficit se reducirá la inversión estatal, ajuste a las tarifas de servicios, achicamiento del Estado, inclusive la devaluación de la moneda. La rebaja de ingresos por el derrumbe de los precios de las materias primas, que afectará principalmente a Gobernaciones, Municipios y Universidades, alimentará argumentos para estas medidas de ajuste estructural y de privatizaciones.

Como parte de estas fórmulas neoliberales, el Ministro de Economía, ha anunciado que la riqueza del litio se abrirá a la “inversión privada”, que es un giro de 180 grados puesto que la estrategia nacional consistía en la industrialización bajo la responsabilidad del Estado. El gobierno está preparando la entrega de nuestros recursos naturales y de la privatización del sector estatal.

La presencia del Covid19, ha cuestionado todo el sistema, es un momento de reflexionar apegados a la realidad porque muchos analistas, incluso de derecha, nos dicen que después de la pandemia nada va ser igual, eso no quiere decir que vaya a ser mejor. La experiencia histórica enseña que los cambios estructurales vienen de la lucha del pueblo. Hay que diferenciar de quienes anuncian que cambiará todo para que después todo sea peor, como los demostró el gobierno golpista. Hay quienes queremos un cambio real, consideramos que es el tiempo del Vivir Bien, la respuesta del país frente a la crisis del capitalismo, de la civilización y del medio ambiente. La garantía para enfrentar esta crisis está en un modelo económico donde el Estado  es el principal actor de la economía, no sólo como regulador, sino como planificador,  productor y distribuidor de la riqueza. Desarrollando la industrialización y el crecimiento de un sector estatal en la construcción de una economía social y comunitaria. Todo esto bajo los marcos de la soberanía, la óptica anticolonial, antiimperialista y anticapitalista.

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