¿DÓNDE ESTÁ EL FISCAL?

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Cuatro muertes, una violación grupal, incendios provocados, amedrentamiento constante, instigación pública a delinquir, enfrentamientos violentos, cobros irregulares en puntos de bloqueo, apología del delito, discursos de odio y racismo explícito y muchos otros, que no son hechos menores, sino acciones delictuosas en un Estado de derecho constitucional; en menos de 20 días hemos visto desmoronarse toda autoridad Estatal e institucional en la ciudad de Santa Cruz. Se reclama por la negligencia e ineficiencia del Ministerio de Gobierno o del Ministerio de Justicia. Pero, ¿dónde está el fiscal general?

La noticia de que el secretario general de la fiscalía general, Edwin Quispe, “Exhorta a las autoridades llamadas por ley pongan el orden que se necesita en el departamento de Santa Cruz”, ante los hechos delictuosos acaecidos en el contexto del paro cívico cruceño, es una muestra de cómo razona institucionalmente la Fiscalía General del Estado.

Pero este razonamiento institucional, muestra a su vez cuál es la lógica del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, y el por qué no avanza los juicios a los responsables materiales e intelectuales de las masacres de Senkata y Sacaba, que sirve para que opositores de distinto pelaje le reclamen negligencia al gobierno. Mientras tanto; Lanchipa, bien gracias.

Fausto Juan Lanchipa Ponce, fue posesionado como fiscal general del Estado Plurinacional de Bolivia el 23 de octubre del 2018, con los 2/3 del MAS en la Asamblea Legislativa. Antes de ejercer el cargo fue presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, exdirector de DIREMAR y expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Con todas estas credenciales y trayectoria nos hicieron creer que tenía la talla para asumir el mando de tan importante institución, sin embargo, a un año de su elección, en un contexto político turbulento mostró la funcionalidad del Ministerio Público y de su titular al gobierno de facto de Añez y Murillo.  El año 2019, la derecha ya encaramada en el poder con el respaldo de las fuerzas armadas y la policía, requerían un operador eficaz para legitimar la persecución política a los militantes del proceso de cambio; encontraron el mejor exponente en Juan Lanchipa, quien obsecuentemente empezó a ejercer el papel de pretor del gobierno de facto.

El Ministerio Público a la cabeza de Lanchipa y sus fiscales departamentales fueron parte de un proceso de persecución penal de la política, que apresó a miles de personas en un corto tiempo y con una eficacia sin precedentes. Este accionar punitivo no respondía a los principios constitucionales del Estado Plurinacional, sino a la sumisión política y a la entrega funcional del Ministerio Público al poder ejecutivo y su ministro de gobierno.

Con la recuperación de la democracia en octubre de 2020, el triste papel del Ministerio Público había quedado develado, pero los tiempos democráticos exigían también nuevas directrices para revertir el Estado policial, conculcador y persecutor que había dejado el gobierno de facto. Tras un periodo de suspenso por la pandemia, el Ministerio Público emergió cuasi indemne y con una imagen limpia, no porque haya hecho méritos propios sino porque el tiempo había borrado su accionar obscuro e inquisidor.

A un año de que finalice la gestión del Fiscal Lanchipa, quedan en el limbo muchas interrogantes hacia atrás que nos mostrarían el camino que ha decursado Lanchipa para convertirse en fiscal general, estas preguntas obligatorias serían: ¿cumplió Lanchipa un papel relevante en DIREMAR?;¿Cómo llega Lanchipa a estar entre los postulantes a Fiscal General? ¿Fue el MAS con sus dos tercios en la asamblea quien le dio el respaldo definitivo?

Las respuestas pueden ser respondidas sin esfuerzo, sin embargo, la preguntas que emergen de la gestión del gobierno de facto son quizás las más importantes, y consecuentemente las más necesarias para hacer un balance del accionar del Ministerio Público en estos 4 años, ¿Subordinó Lanchipa la Fiscalía a las órdenes de Murillo?; ¿El equipo de Fiscales departamentales y especiales que operaron en el gobierno de facto, continúan en funciones?; ¿Será por esta complicidad que no hace avanzar el juicio del Caso Golpe de Estado I?

Las interrogantes continúan hacia futuro, porque en este último año que le resta a la gestión del Fiscal Lanchipa, ha quedado develada su lógica y concepción pragmática del ejercicio del derecho penal. Por ello surgen las preguntas: ¿Cuál es el papel de la Fiscalía en el actual conflicto en Santa Cruz?; ¿Podemos esperar de esta Fiscalía justicia por los hechos acaecidos durante el golpe?, quizás las últimas preguntas sean las más difíciles de responder, y quizás un signo que ayude en el cometido es el que dio su secretario general en su exhorto, que en términos coloquiales equivale a entenderlo como: “hagan algo pues”

Mientras tanto, quienes se han declarado opositores, seguirán atribuyendo esta negligencia de la Justicia, que no sólo es del Fiscal General, al gobierno, y no a quienes tienen la obligación de defender a la sociedad boliviana y al órgano del estado encargado de administrar justicia. En este momento, de crisis política, el órgano judicial ya no responde al poder político, sino a otro poder, al poder del dinero, fuente de corrupción y de servilismo a los más poderosos.

Defensor de oficio

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