EL LAWFARE O LA GUERRA JURÍDICA EN BOLIVIA

Bolivia, ha resultado ser un país donde, antes, durante y después del golpe de Estado  de noviembre de 2019, se pone en práctica experimentos de diversos medios o instrumentos de la guerra no convencional y/o de la guerra irrestricta. En este último caso, se entiende como “guerra irrestricta” la utilización de medios que no son conocidos como bélicos, es decir, que en esta guerra no es necesario utilizar tanques o aviones caza o misiles para lograr objetivos militares.

Obviamente, quienes son responsables de planificar este tipo de guerra son servicios de inteligencia vinculados a la defensa de los intereses de EE.UU. en este continente, y particularmente en Bolivia, y sus ejecutores son gobiernos serviles y/o grupos sociales y políticos, generalmente de derecha. En Bolivia un grupo, que está dentro y fuera del gobierno de facto, es el encargado de aplicar esta estrategia militar utilizando medios aparentemente no militares con objetivos militares y políticos que permitan la restauración del dominio colonial en nuestras tierras.    

Uno de esos instrumentos es el denominado “lawfare” para destruir sin armas a la izquierda, es la judicialización de la política como «arma para destruir a la política y a los líderes opositores». Son casos emblemáticos en América Latina los juicios contra    la expresidenta argentina Fernández de Kirnchner, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, Dilma Rouseff, Lula da Silva, Jorge Glas y ahora Evo Morales, a todos con el mismo libreto, supuesta lucha contra la corrupción.

El neologismo “lawfare”, combinación de las palabras “law” (ley) y “warfare” (guerra), acuñado en el libro “Unrestricted Warfare” (1999) sobre estrategia militar y aplicado en diferentes ámbitos por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tras un artículo publicado en 2001 por el general de la Fuerza Aérea, Charles Dunlap, describe «un modo de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar». El catedrático de Harvard John Comaroff lo definió como «una forma de apelar a tácticas legales coercitivas para dominar a un pueblo colonizado».

Con la «lucha contra la corrupción» por bandera, el Departamento de Justicia de EEUU ha sido uno de los principales asesores de los aparatos jurídicos latinoamericanos. El alumno estrella fue el juez Sergio Moro, impulsor de la “causa Lava Jato”, quien condenó a Lula a nueve años de prisión  sin ninguna prueba.

Hoy en Bolivia, el gobierno golpista está utilizando el “Lawfare” para tratar de pulverizar al MAS y a sus líderes políticos. El objetivo es disminuir el apoyo popular que conserva en el pueblo, y que debido a la incapacidad y corrupción descarada de la derecha ha ido acrecentando.Se ha desatado una serie de acciones de guerra psicológica y multitud de juicios contra exfuncionarios de gobierno y militantes del MAS para frustrar la rearticulación política y social que está en pleno proceso de desarrollo y nuevamente anular la capacidad de reacción frente a un nuevo atentado a la democracia, como por ejemplo postergar nuevamente las elecciones con el pretexto del COVID 19, el cierre forzoso de la Asamblea Legislativa Plurinacional o un autogolpe.

Se está utilizando de manera indebida instrumentos legales para fines de persecución, destrucción de la imagen pública e inhabilitación de adversarios políticos. Una combinación de acciones aparentemente legales que con amplia cobertura de prensa hace que los acusados sean más vulnerables a acusaciones sin pruebas.

 El Ministro Arturo Murillo,  “El Bolas” según Samuel Doria Medina, parece ser el encargado de  bombardear acusaciones falsas sin ninguna prueba pero todos dirigidos a culpabilizar al MAS y a sus dirigentes, luego presionar a fiscales y jueces para encarcelar a los supuestos acusados y recién  fabricar pruebas, testigos, y armar los juicios para luego colgarles una sentencia. Es la aplicación del “lawfare” a la manera criolla, de la manera más descarada, burda y fascista.  El caso emblemático es de Patricia Hermosa, que fue Jefe de Gabinete de Evo Morales y apoderada del mismo para inscribirle como candidato a Senador por Cochabamba, en esa condición tuvo llamadas de celulares con su apoderado, y por ello apresada indebidamente, acusada sin pruebas de “sedición y terrorismo” (figura jurídica de preferencia del ministro fascista), además de ser sometida a condiciones inhumanas en su presidio. Recientemente, es el caso de 3 dirigentes de K’ara K’ara, Cochabamba, que hicieron una colecta solidaria para el Chapare, fueron detenidos por terrorismo y atentado a la salud pública, y como en las épocas dictatoriales, trasladados a la ciudad de La Paz, sin orden judicial. Elena Flores, dirigente de ADEPCOCA, acusada por asalto al Hospital de su propia organización, que tienen un carácter de vendetta política. En todo este tiempo, decenas de bolivianas y bolivianos fueron sometidos a detenciones  y juicios indebidos, incluso sólo por haber hecho conocer sus opiniones por las redes sociales.

Una gran parte del Poder Judicial, incluido personal de la Fiscalía, está siendo utilizado como mecanismo de trituración  del MAS, de dirigentes políticos y sociales. El oportunismo y la corrupción prevalente en este poder del Estado, facilitan su subordinación al poder ejecutivo. Recientemente la Presidenta usurpadora ha conminado al poder judicial reactivar más de 60 juicios contra ex Autoridades del gobierno; por su parte el Procurador del Estado, ha presionado al TSE y tribunales departamentales hasta lograr que presentarán un juicio contra el supuesto fraude electoral; es conocido también los juicios de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo contra Evo Morales y varios exministros. En su estrategia política prorroguista, el gobierno seguirá armando decenas y centenas juicios de carácter político.

En el caso de Bolivia, también se está utilizando la “lucha contra la corrupción” para desprestigiar a las empresas estatales y apelan a la supuesta eficiencia y transparencia del sector privado, en ese sentido también, se han hecho denuncias falsas de corrupción  y malversación de fondos “millonarios” en ENTEL, YPFB, Empresa de Bulo Bulo, etc., para posteriormente justificar privatizaciones que desplacen al Estado de la actividad económica, retornando así al neoliberalismo.

Este mecanismo de la “guerra irrestricta” no podría funcionar sin la actividad de los medios de comunicación monopolizados por la empresa privada. El “modus operandi” con el que actúan estos medios es el siguiente: autoridades y políticos de derecha  denuncian un hecho de corrupción o de sedición, los medios se «hacen eco» haciendo una amplia difusión, posteriormente políticos y medios exigen celeridad y contundencia a la Justicia, y los magistrados condenan sin pruebas y encarcelan sin el debido proceso. Son los medios de comunicación  los que crean una presunción de culpa, aquí no existe la  presunción de inocencia; los medios realizan la labor de fiscales, jueces y verdugos para sentenciar a los militantes de izquierda.

Las estrategias del “lawfare” pasan por abusar de las leyes vigentes para deslegitimar y perjudicar la imagen del adversario. Usar el proceso legal para cercenar su libertad, intimidarlo, silenciarlo, influenciar negativamente a la opinión pública para anticipar la sentencia condenatoria y cercenar el derecho a una defensa imparcial.

Los objetivos que se persiguen son similares a los que otrora se hizo con el Plan Cóndor, donde las dictaduras y las Fuerzas Armadas estaban encargadas de la eliminación física de los enemigos, entonces acusados de subversión. Hoy se busca deslegitimar,  perseguir y eliminar  figuras políticas populares opuestas a sus intereses. Y lo hacen a través de «expertos», que manejan el lenguaje jurídico, para matar la honra y la moral de los enemigos, es un linchamiento civil. Pero, en nuestro país, existe un manejo tan discrecional de la justicia, que también sirve para proteger las acciones corruptas del gobierno. El caso de corrupción más escandaloso realizado por funcionarios del gobierno de facto y de un clan familiar vinculado a la Presidenta usurpadora en la adquisición de respiradores que no sirven y tienen un sobreprecio monumental, ha sido declarado “en reserva” por la fiscalía, el ex- ministro Navajas con detención domiciliaria, el Embajador de Ciencia y Tecnología refugiado en EE.UU., para darle “el tiempo”   necesario al Ministerio de Gobierno arme una coartada para proteger a los corruptos, que según la versión de Murillo “no hubo corrupción, sino conspiración”. Siguiendo el funcionamiento del lawfare, dentro de poco veremos a militantes de la oposición en la cárcel por la corrupta adquisición de los respiradores y restaurada la honorabilidad de los “inocentes” funcionarios del gobierno. 

CH – INSURGENTE

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